El narco en la urna

    La evidencia multimedia de gente reventando casillas, los secuestros de operadores electorales de todos los partidos y las amenazas e intimidaciones documentadas a militantes durante toda la campaña, muestran que el narco operó en Sinaloa de manera sui géneris la elección pasada.

    En su tercera oportunidad, Rubén Rocha Moya será Gobernador de Sinaloa. Pero gobernar este estado, o aspirar a hacerlo, es imposible sin considerar el factor “narco”. El Cártel de Sinaloa lleva tanto tiempo en el estado que es ingenuo pensar que en esta tierra se puede caminar sin ser tocado por su influencia.

    Gobernantes han ido y venido por Sinaloa mientras que, ayer con unos capos y ahora con sus herederos, el Cártel local permanece. Con algunos gobernadores el pacto ha sido descarado y evidente, como con Malova y Juan Millán a través del eslabón “Chuy Toño”; con otros ha parecido más bien una especie de pacto tácito de “dejar hacer”, siempre y cuando la plaza no se caliente al nivel que afecte los negocios. Los lícitos y los ilícitos.

    Por supuesto, esos frágiles equilibrios no se sostienen solos, necesitan del aval del Gobierno federal, en específico de las fuerzas armadas, que son las únicas autoridades con capacidad real de confrontarlos, vencerlos y capturarlos... cuando quieren. Aunque ya tenemos vergonzosas excepciones como el Jueves Negro.

    Históricamente, el Cártel de Sinaloa se ha distinguido del resto de los cárteles del País por no expoliar a las comunidades en las que opera, sobre todo en Culiacán, a la que considera su territorio principal y donde también viven sus familias. Por eso sostengo que el Cártel de Sinaloa es distinto al resto de los cárteles mexicanos en el sentido de que es más una mafia que una simple organización criminal: no solo quiere dinero, también busca pertenecer construyendo base social. Y esa construcción pasa por la narcopolítica.

    Explico todo esto para dar mi opinión de cómo creo que dicho poder fáctico participó en el pasado proceso electoral.

    La evidencia multimedia de gente reventando casillas, los secuestros de operadores electorales de todos los partidos y las amenazas e intimidaciones documentadas a militantes durante toda la campaña, muestran que el narco operó en Sinaloa de manera sui géneris la elección pasada. Según la Fiscalía de Sinaloa, son 44 denuncias las presentadas hasta ahora: 37 por delitos electorales y siete más por desaparición de personas.

    Si bien Morena ganó prácticamente todo en el estado, me parece mezquino con los ciudadanos que votaron y con los que contaron nuestros votos, decir que se debió solo a la injerencia de los criminales.

    La fuerte marca de Morena apalancada en la popularidad de López Obrador (y de la que se colgaron todos sus candidatos, algunos incluso sin hacer campaña), el hartazgo acumulado contra años de gobiernos priistas, una pésima selección de candidatos “más de lo mismo” por parte de la alianza Va por Sinaloa, así como un Gobernador que no metió las manos por ningún candidato, son factores que explican más la paliza de más de 20 puntos que Morena-PAS le dio a sus rivales el domingo pasado, que la pesada influencia del crimen organizado. Mucho tienen que aprender el PRI, el PAN y el PRD de este resultado.

    Pero también sería soberbio decir que el morenismo-pasismo ganó en términos puramente democráticos. ¿Qué quiero decir? que el crimen organizado sinaloense es flexible y ajusta su operación violenta y financiera según sus necesidades territoriales específicas. No es que Morena sea “narca”, sino que el narco sinaloense puede alinearse con el morenismo ahora, como antes con el priismo de Millán o el “panismo” de Malova. Es sencillo, el crimen organizado sinaloense juega siempre a ganar y apuesta, con recursos y miedo, por aquellos que estén más próximos a sus intereses y conveniencias.

    La novedad, acaso, es que en esta ocasión su injerencia fue más allá. Sin asesinar candidatos, como sí sucedió en el resto del País, el crimen organizado de Sinaloa dirigió sus amenazas e intimidaciones a operadores específicos de la estructura de los partidos a vencer en ciertos espacios: candidatos y sus familiares, transportistas, financieros, entre otros.

    El problema es que, en política, los medios determinan en buena parte los resultados. Pensar que la presión del crimen organizado en nuestra política se reducirá al periodo electoral es autoengañarse: la experiencia nos ha enseñado que una vez que se les dice que sí, es imposible decirles que no después.

    Habrá que ver cómo resulta en el futuro esa amalgama de poderes fácticos e intereses que Rocha Moya articuló para conseguir, a como diera lugar, su sueño de gobernar Sinaloa. Sobre todo cuando lo que se promete, como eslogan, es “esperanza”. Una esperanza difícil de creer de la mano de Cuén, Vargas e Higuera. Más malos por conocidos que buenos por conocer.

    Mientras tanto, el futuro Gobernador del Estado insiste en que no tiene compromisos con nadie, al tiempo que afirma un futuro cogobierno con el Partido Sinaloense.

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